Causalidad, no casualidad
Todavía hace unos días, tema del agua parecía un problema que afectaba únicamente a nuestro estado; pero acciones como la del pasado domingo, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cerca de 50 cuentas bancarias de organizaciones de productores, funcionarios e incluso entidades municipales de la región centro-sur de Chihuahua, ha hecho que el asunto tome nuevas dimensiones; ya que no sólo permite percibir una manera unilateral en la toma de decisiones por parte del Gobierno Federal sino que además, sienta precedentes en acciones que pueden poner en riesgo el estado de derecho en todo el país.
A pesar de que en mayo de 2018, el presidente López Obrador dijera en una entrevista: “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, lo ocurrido el pasado domingo puede percibirse como lo contrario.
En primer lugar, el bloqueo de cuentas bancarias conlleva todo un procedimiento legal, con el objetivo de que la autoridad pueda indagar asuntos relacionados con adeudos en materia de contribuciones, como impuestos federales, y para el combate a delitos con recursos de procedencia ilícita, tales como actos de terrorismo o narcotráfico. En ambos casos, sin pasar por alto las debidas notificaciones a los afectados.
Lamentablemente en este caso, es inevitable no relacionar que los afectados con este último bloqueo, son precisamente personas que han estado apoyando a los productores y agricultores en defensa del agua; desde momentos como la marcha pacífica a La Boquilla, dónde se logró que se retirara la Guardia Nacional y hasta estos últimos días dónde se ha pedido justicia para Jessica Silva. Lo que para muchos, como Raymundo Soto, puede percibirse más como una represalia.
Lo anterior sin mencionar los problemas que esa acción genera para los municipios, como es el caso de Delicias; donde se presentaron capturas de pantalla del bloqueo de cuentas, que impide la adecuada operación del municipio al imposibilitar los pagos para trabajadores y proveedores, así como servicios que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía misma, incluyendo obra pública.
Si el objetivo, tanto de la UIF como del Gobierno Federal, es fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho brindando seguridad jurídica a la ciudadanía. Se debiera ser muy cuidadoso con que cada una de sus acciones igualmente siga los parámetros legales y no atente contra la libertad y derechos de los mexicanos, como el derecho a manifestarse. Derecho que el mismo Presidente venía promoviendo desde el 2006, con el plantón que sostuvo sobre Avenida de la Reforma. El cual provocó daños a la economía, donde a los 16 días se registraron pérdidas de hasta 3 mil millones de pesos en comercios, hoteles y restaurantes aledaños; además del despido de más de 809 empleados, según cifras del IMSS.
La defensa del agua en Chihuahua, está dejando ver lo que podrían ser futuros problemas para todo el país y lamentablemente algunas de las últimas acciones llevadas por las autoridades federales, como lo fue congelar las cuentas bancarias de actores involucrados en la causa del agua, nos obliga a pensar que son más causalidad y no casualidad.
